La corte suprema ordenó al estado hacer pública la información referida a los planes sociales que maneja

Acceso a la información

La corte suprema ordenó al estado hacer pública la información referida a los planes sociales que maneja

(AU, 28/9/15, Buenos Aires) La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la ONG “Cippec”, a quién el estado nacional le había negado el acceso a los datos sobre el alcance territorial de los planes sociales suministrados por el estado nacional y los padrones beneficiarios de subsidios entregados entre 2006 y 2007.

Siguiendo la resolución del tribunal, el Ministerio de Desarrollo Social deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el presupuesto público ligado a estos programas.

Anteriormente, el Estado Nacional había esgrimido que la información era privada y que si se brindaba, podía estigmatizar a los beneficiarios de las ayudas sociales.

Los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda recordaron el antecedente del caso “ADC” (diciembre de 2013), en el que la Corte reconoció que el derecho a buscar y recibir información fue consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

También agregaron que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos instó a los Estados a que respeten el acceso a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su 

reconocimiento y aplicación efectiva.

El voto también aclaro que el estado está obligado a permitir el acceso a la información a menos que se trate de “datos sensibles”, los cuales afecten el derecho a la intimidad de las personas (Convicciones religiosas, origen racial o étnico etc.)

Sin embargo, indicó que la información solicitada por la ONG “Cippec”, no atentaba contra ninguno de los aspectos señalados y no podía ser calificado como “sensibles”.

En concordancia a estos puntos, concluyeron que la información pertenece a las personas y no al estado y que el acceso a ella no es un favor del gobierno, por lo que el tribunal hizo hincapié en que el Congreso debe dictar de “forma urgente” una ley que regule el modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.